Consideramos como irresponsable y carente de sustento científico a la Alerta Sanitaria emitida por COFEPRIS y CONADIC el 5 de noviembre de 2021 sobre los supuestos daños a la salud “provocados por productos emergentes para consumo de tabaco y otros, incluyendo vapeadores”. Ver enlace
Los funcionarios de COFEPRIS y CONADIC que emitieron esta Alarma Sanitaria afirman en forma contundente que la población en general se encuentra ante un grave atentado a su salud por el uso de vaporizadores y dispositivos para calentar tabaco. Resaltamos que una Alerta Sanitaria es un asunto grave que debe responder a una verdadera emergencia sanitaria y debe aportar evidencia contundente sobre su existencia y efectos. Más que atender a una contingencia sanitaria, su propósito es infundir suficiente pánico en la población en torno a estos productos, para que aquellos que promueven su prohibición puedan lograr este fin a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha declarado inconstitucional.
Si estos productos fueran tan tóxicos y peligrosos como nos alerta esta Alarma Sanitaria, ¿cómo explicar que están regulados en la Unión Europea, Canadá y Nueva Zelanda?, ¿cómo es que forman parte integral de la política del Control del Tabaco del Reino Unido? ¿cómo entender que la agencia reguladora federal de los EEUU, la FDA, ha aprobado después de un escrutinio riguroso la venta legal de un producto de tabaco calentado?. Pese a su ilegalidad estos productos se han utilizado en México durante los últimos 10 años, actualmente por más de 1 millón de consumidores. Por lo tanto, de ser cierto lo que afirma la Alerta Sanitaria debería haber en México (y en estos países) constancia fidedigna y confiable de la existencia de miles de usuarios que se han enfermado de EPOC o de infartos, o disfunción eréctil por el uso de los dispositivos (y no por otras causas). Como servidores públicos es obligación de los funcionarios que emitieron esta alerta el sustanciar y sustentar sus afirmaciones. Como consumidores de estos productos exigimos que nos muestren la evidencia que sostiene los peligros que en ésta se señalan.
Vemos con preocupación la insistencia con la que el Dr Hugo López Gatell ha estado abogando, ante el Senado de la República y ante varios medios, por la prohibición de vaporizadores y productos de tabaco calentado. Desafortunadamente, los funcionarios de la Secretaría de Salud eluden su responsabilidad ante el peligro real para la sociedad mexicana derivado de las consecuencias de mantener a estos productos en la ilegalidad. Al evitar su regulación es de esperar que la demanda existente sea abastecida por un mercado negro criminal que reemplace al actual mercado ilegal e informal. Al prohibir en vez de regular el gobierno renuncia a su responsabilidad de recaudar impuestos y ejercer control sobre las normas de calidad y protección que deben regir a productos de uso adulto, los cuales ya consumen más de un millón de personas que sin regulación se mantienen desprotegidas. El Dr López Gatell afirma que su intención al prohibirlos es proteger a menores de edad del consumo de estos productos, lo cual suena poco creíble cuando la principal consecuencia de la política que propone es que sea el mercado negro quien se ocupe de su distribución. Afirma combatir a la industria tabacalera cuando pretende eliminar al principal producto que compite contra el cigarro de tabaco.
El infundir pánico infundado en la población es un asunto delicado que puede acarrear consecuencias no deseadas. Por lo tanto, hacemos directamente responsables a COFEPRIS y CONADIC de cualquier acto de hostilidad y violencia que ésta dudosa Alarma Sanitaria pudiera causar a los consumidores de los cigarros electrónicos y productos de tabaco calentado.
Atte,
Dr Roberto Allan Sussman Livovsky
Pro-Vapeo México AC